Ciudad de México. – La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicita al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres investigar las profundas irregularidades y la violación a los derechos humanos en el caso de la detención arbitraria de la doctora Azucena Calvillo Carrillo, así como la posible comisión de tráfico de influencias, además, valorar la destitución de la Fiscal General del Estado, Ruth Medina Alemán por su participación en los hechos.

Asimismo, solicita que otorgue garantías al gremio médico de Durango para el ejercicio de su profesión y preservar la seguridad e integridad física de la doctora Azucena Calvillo Carrillo y su familia.

Mediante un punto de acuerdo que será inscrito en la última sesión ordinaria del Senado de la República, la coordinadora del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señala que en días pasados se dio a conocer el caso de la doctora Calvillo Carrillo que fue acusada por la Fiscalía General del Estado de Durango de desconectar el respirador del magistrado Héctor Silva Delfín, intubado por una crisis tras contagiarse de covid-19.

“La médica fue privada ilegalmente de su libertad por elementos de la Fiscalía General de Durango y sus garantías judiciales fueron vulneradas ante un posible caso de tráfico de influencias”, sentenció la legisladora por Zacatecas.

La senadora Geovanna Bañuelos destaca que existen muchas irregularidades en este caso, por lo que también pedirá al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto girar sus instrucciones a fin de que se le brinde la asistencia jurídica a la doctora Azucena Calvillo Carrillo, así como investigar hechos ocurridos en el Hospital General de Zona 1 Durango, del Instituto Mexicano del Seguro Social y la actuación de Julio Gutiérrez, actual delegado del IMSS en Durango, quien no brindó apoyo alguno a la doctora Azucena Calvillo Carrillo.

Además, solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar la posible violación a los derechos humanos de la doctora Azucena Calvillo Carrillo por parte de la Fiscalía del Estado de Durango, por los posibles hechos de una detención ilegal, incomunicación y posibles actos de tortura.

Geovanna Bañuelos conmina a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para que en el ámbito de sus atribuciones investigue la posible comisión de actos de negligencia médica en contra del Magistrado Héctor Emanuel Silva Delfín en la atención médica que se le brinda en el Hospital General Zona 1 del IMSS en la ciudad de Durango del estado de Durango, con el objetivo de que se deslinden las responsabilidades, en este caso.

Este caso provocó la movilización del gremio médico en Durango y Zacatecas. En reiteradas ocasiones salió a la calle para manifestarse y exigir la libertad de la doctora Calvillo Carrillo.

“Ante la evidencia de la violación a los derechos de la doctora Azucena Calvillo, la familia denunció también que la acusación contra ella es falsa y que se trataba de un posible caso de tráfico de influencias por parte de Velia Silva Delfín, hermana del magistrado, actual delegada del IMSS de Tamaulipas y quien era, hasta el 15 de enero pasado, delegada del IMSS en Durango”, específica Geovanna Bañuelos.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscal estatal, Ruth Medina Alemán, la doctora fue ingresada al Centro de Readaptación Social Número 1 y el 9 de diciembre, el juez que está llevando su caso le permitió continuar con su proceso penal en libertad, bajo una serie de medidas cautelares.

“Todas y todos los mexicanos tienen el derecho humano de acceso a la justicia. Asimismo, nuestra Constitución reconoce una serie de garantías judiciales y mecanismos de responsabilidades de los funcionarios públicos encaminados a proteger a la persona del actuar arbitrario del poder”, asevera.

“El caso de la doctora Azucena Calvillo Carrillo es uno de los miles de casos más que, lamentablemente, se suman a las estadísticas. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo condenamos este abuso de poder. Es momento de terminar con la corrupción que nos impide consolidar un auténtico sistema de administración e impartición de justicia”, concluye Geovanna Bañuelos.